Reestructuración de empresas: plan, refinanciación y preconcurso

Un plan de reestructuración es el acuerdo que modifica el pasivo, el activo o los fondos propios de una empresa viable —quitas, esperas, novación de préstamos, dinero nuevo, capitalización de deuda o venta de unidades de negocio— para evitar el concurso, y que, una vez homologado por el juzgado, puede imponerse a quien no lo ha firmado. Ahí está su fuerza: no exige unanimidad.

Se puede imponer en tres círculos, cada uno con sus condiciones. A los acreedores disidentes de una clase que sí lo aprobó, para lo que la ley exige, por regla general, el voto favorable de más de dos tercios del pasivo de esa clase, y de tres cuartos cuando se trata de la clase de créditos con garantía real. A clases enteras que han votado en contra, mediante la homologación de un plan no consensual, con requisitos adicionales y, en su caso, informe de experto sobre el valor de la empresa. Y a los socios de la sociedad deudora, pero solo cuando existe insolvencia actual o inminente: con mera probabilidad de insolvencia, a los socios no se les arrastra.

La contrapartida es que el plan se prepara con rigor o no se sostiene: la formación de clases, el valor de la empresa en funcionamiento y el trato relativo entre acreedores son exactamente los puntos por los que se impugna un plan homologado.

Se puede aplazar y fraccionar, pero no reducir. El crédito público tiene un régimen propio y es, con diferencia, la parte de la deuda con menos margen de negociación: conviene saberlo antes de diseñar nada, porque condiciona la viabilidad de todo el plan.

Dentro de un plan de reestructuración, el crédito público forma su propia clase y la ley prohíbe expresamente que el plan reduzca su importe, cambie la ley aplicable, sustituya al deudor sin garantías, modifique o extinga las garantías existentes o convierta el crédito en capital. Además, cuando el plan lo afecta, ha de quedar íntegramente satisfecho en plazos cortos: como regla general, doce meses desde el auto de homologación —seis si ya se había concedido antes un aplazamiento o fraccionamiento sobre esos créditos— y en ningún caso más allá de dieciocho meses desde la comunicación de apertura de negociaciones.

Fuera del plan queda la vía administrativa ordinaria: solicitar a la Agencia Tributaria o a la Tesorería General de la Seguridad Social el aplazamiento o el fraccionamiento de la deuda, con sus propios requisitos, garantías e intereses. Y un aviso que evita sustos: comunicar al juzgado la apertura de negociaciones frena determinadas ejecuciones, pero no paraliza los apremios de Hacienda ni de la Seguridad Social, que siguen su curso mientras se negocia con el resto de acreedores.

Tres meses desde la comunicación al juzgado, prorrogables hasta otros tres. La prórroga puede pedirla el deudor o los acreedores que representen más de la mitad del pasivo que pudiera quedar afectado por el plan, acompañando, en su caso, el informe favorable del experto en la reestructuración.

Cuando el periodo termina hay dos desenlaces. Si el plan se ha alcanzado, se formaliza y, si va a imponerse a alguien que no lo ha firmado, se lleva a homologar. Si no se ha alcanzado y la empresa está en insolvencia actual, el deudor dispone del mes siguiente para solicitar el concurso: la protección no borra la insolvencia, solo compra tiempo para intentar resolverla. Por eso el calendario de la negociación se planifica el primer día y hacia atrás desde esa fecha, no sobre la marcha.

Muchas veces, sí: si la actividad es viable, el problema es la estructura de la deuda, y para eso existen la refinanciación y los planes de reestructuración. Cuando la sociedad no puede continuar, aún puede salvarse la actividad mediante la venta de la unidad productiva.

La pregunta útil no es cuánta deuda hay, sino si el negocio genera margen suficiente para atender una deuda reordenada. Un negocio rentable con vencimientos mal repartidos se reestructura; un negocio que pierde dinero en su operación ordinaria no se arregla alargando plazos, y decirlo a tiempo también es parte del trabajo.

La deuda es de la sociedad, pero el administrador puede acabar respondiendo con su patrimonio si toma —o deja de tomar— determinadas decisiones durante ese periodo. Es el motivo por el que la negociación con los acreedores conviene documentarla como se documenta un expediente, no como una sucesión de llamadas.

Tres frentes concentran casi todo el riesgo. El primero, la causa de disolución por pérdidas: si el patrimonio neto queda por debajo de la mitad del capital social, corre un plazo para convocar la junta, y no hacerlo puede arrastrar responsabilidad por las obligaciones sociales posteriores; la comunicación de apertura de negociaciones suspende ese deber mientras dura su protección, y ese es uno de sus efectos menos conocidos y más útiles. El segundo, las decisiones que agravan la insolvencia o que benefician a unos acreedores frente a otros cuando ya no hay para todos. El tercero, el retraso: dejar pasar el momento en que la insolvencia deja de ser evitable estrecha las opciones y se valora después. Actuar pronto y dejar rastro escrito de por qué se decidió cada cosa es la mejor protección que existe.

No de forma automática: los avales y las fianzas personales son un contrato distinto con el acreedor y sobreviven a lo que se pacte con la sociedad, salvo que el propio acreedor garantizado acepte expresamente modificarlos o liberarlos. Es el punto que más patrimonio familiar se lleva por delante y el que más veces se deja para el final.

De ahí una regla práctica: si has avalado, entras en la negociación como parte, no como espectador. Lo que se busca es que el acuerdo con el banco o el proveedor incluya también el tratamiento del aval —renovación, sustitución de garantías, liberación parcial— mientras todavía hay algo que ofrecer a cambio. Cuando la reclamación personal ya es inevitable, la salida del avalista persona física pasa por la exoneración del pasivo insatisfecho, que libera las deudas exonerables con excepciones legales relevantes, señaladamente en el crédito público. Tráenos los avales firmados en la primera reunión: condicionan la estrategia entera.