Abogado de comercio internacional en Alicante

La que las partes hayan pactado por escrito en el contrato: en la Unión Europea, el Reglamento Roma I permite elegir la ley aplicable a un contrato mercantil y esa elección es, con carácter general, la que manda. Si no se pacta nada, el propio Roma I fija criterios de cierre según el tipo de contrato, y ahí es donde empiezan las sorpresas: puede acabar rigiendo una ley que nunca habías leído. Además, en las compraventas de mercancías entre empresas de países parte del Convenio de Viena de 1980 (CISG) —España lo es desde 1991, junto a más de noventa Estados— el Convenio se aplica por defecto salvo que se excluya expresamente en el contrato.

Sí: la lengua no afecta a la validez del contrato, y un contrato en inglés entre una empresa española y una extranjera es perfectamente exigible. Los problemas vienen por otro lado. Conviene dejar identificado qué versión prevalece si hay dos idiomas, y revisar que el texto no arrastre figuras del derecho anglosajón que en España no significan lo mismo o no producen el efecto que el redactor daba por supuesto. Y si el día de mañana hay que ejecutarlo ante un juzgado español, habrá que aportarlo traducido.

Con una reclamación documentada primero y, si no hay respuesta, con el procedimiento que permita ejecutar la deuda donde el deudor tiene el patrimonio. Dentro de la Unión Europea hay dos herramientas pensadas justo para esto: el proceso monitorio europeo, para créditos en dinero determinados, vencidos y exigibles que el deudor no impugna, y el título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, que permite ejecutar una resolución española en otro Estado miembro sin pasar por un procedimiento de exequátur. Fuera de la Unión, la vía depende del país, del convenio aplicable y de si el contrato tenía cláusula de arbitraje. Lo que casi siempre decide el resultado es lo que se firmó antes: fuero, garantías de cobro y documentación de la entrega.

Son reglas de la Cámara de Comercio Internacional que reparten, en una compraventa de mercancías, quién entrega y dónde, en qué punto pasa el riesgo, quién paga cada tramo del transporte y quién se ocupa de los trámites de exportación e importación. La edición vigente es Incoterms® 2020, en vigor desde el 1 de enero de 2020, con once reglas. No son ley: se aplican porque las partes las incorporan al contrato, y por eso hay que citarlas bien, con la edición y con el lugar concreto. Y no lo deciden todo: un Incoterm no fija la ley aplicable, ni el tribunal competente, ni la forma de pago, ni el momento en que se transmite la propiedad.

Por dos cosas: el número de identificación fiscal de los socios y administradores (NIE o NIF, según el caso) y la decisión entre filial y sucursal. La filial es una sociedad española con personalidad propia —normalmente una sociedad limitada— y aísla el riesgo de la matriz; la sucursal no es una sociedad distinta y la matriz responde de su actividad. Desde la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, el capital mínimo de una sociedad limitada es de un euro, con dos cautelas mientras el capital no alcance los 3.000 euros: debe destinarse a reserva legal al menos el 20 % del beneficio hasta que reserva y capital sumen esa cifra y, si la sociedad se liquida y su patrimonio no basta para pagar las deudas, los socios responden solidariamente de la diferencia entre 3.000 euros y el capital suscrito. Con la documentación lista y sin incidencias, la constitución suele llevar una o dos semanas entre notaría, NIF e inscripción en el Registro Mercantil, a lo que se añaden, cuando proceden, las obligaciones de declaración de la inversión extranjera.

Depende del importe de la operación, del país de la otra parte y, sobre todo, de dónde están los bienes con los que va a cobrar quien gane. El arbitraje es confidencial, permite elegir árbitro con conocimiento del sector y produce un laudo que se reconoce y ejecuta en un número muy amplio de países gracias al Convenio de Nueva York de 1958, del que España es parte; a cambio, el coste inicial es alto y no compensa en contratos pequeños. La vía judicial es más barata de arrancar y, dentro de la Unión Europea, el Reglamento Bruselas I bis permite pactar tribunal competente y facilita mucho la ejecución de la sentencia en otro Estado miembro. La decisión se toma al firmar, no cuando ya hay conflicto.