Abogados de concurso de acreedores en Alicante

Cuando está en insolvencia actual, es decir, cuando ya no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. A partir de ese momento el administrador dispone, como regla general, de dos meses para solicitar el concurso, contados desde que conoció o debió conocer esa situación.

Los matices importan tanto como el plazo. El deber nace con la insolvencia actual, no con un problema puntual de tesorería ni con la insolvencia meramente inminente, que permite concursar pero no obliga a hacerlo. El plazo tampoco se cuenta desde el primer impago: arranca desde que la insolvencia se conoce o se debe conocer, y la ley presume, salvo prueba en contrario, que el deudor la conocía cuando ya había ocurrido alguno de los hechos en los que un acreedor podría apoyar su propia solicitud de concurso —el sobreseimiento general en los pagos, los embargos generalizados o el impago sostenido de salarios, tributos o cuotas de la Seguridad Social—. Y hay una forma de detener ese reloj: comunicar al juzgado la apertura de negociaciones con los acreedores suspende el deber de solicitar el concurso mientras dura la protección de esa comunicación. Presentar fuera de plazo, en cambio, es una de las conductas que se valoran después en la sección de calificación, así que la fecha desde la que se cuentan esos dos meses conviene fijarla con documentos, no de memoria.

No. La declaración de concurso no extingue por sí sola los contratos de trabajo ni interrumpe la actividad, y presentar la solicitud no exige llegar con la plantilla ya ajustada. Lo que cambia es el foro: desde la declaración, las medidas laborales colectivas —despido colectivo, suspensión de contratos o modificación sustancial de condiciones— se tramitan dentro del propio procedimiento concursal y las resuelve el juez del concurso.

Desde ahí se abren caminos distintos según lo que se decida: mantener la actividad con la plantilla, redimensionarla dentro del concurso o vender el negocio como unidad productiva, supuesto en el que opera la sucesión de empresa respecto de los trabajadores en cuyos contratos se subroga el comprador. Los salarios e indemnizaciones pendientes tienen su propio tratamiento dentro del concurso y, dentro de los límites legales, puede intervenir el Fondo de Garantía Salarial. El calendario laboral y el concursal se planifican a la vez: decidido uno, el otro ya está condicionado.

Por regla general no: la deuda es de la sociedad y el concurso es de la sociedad. La barrera se levanta en supuestos concretos, y son justamente los que hay que revisar antes de presentar nada.

Los cuatro habituales: los avales y fianzas personales que hayas firmado, que no se ven afectados por el concurso de la sociedad; la responsabilidad por las obligaciones sociales posteriores a la aparición de una causa de disolución si no se convocó la junta a tiempo; la calificación del concurso como culpable, que puede llevar a la condena a cubrir total o parcialmente el déficit; y las acciones de responsabilidad por el daño causado a la sociedad o directamente a un socio o a un acreedor. Ninguna es automática, todas se defienden, y la defensa se construye con la documentación anterior al problema.

La ley fija los trámites, no una duración. Depende del tamaño del pasivo, del número de acreedores, del juzgado y, sobre todo, de la salida por la que se opte: no dura lo mismo un convenio negociado con los principales acreedores que una liquidación con activos difíciles de realizar.

Hay dos referencias útiles. En el extremo corto, el concurso sin masa puede concluir en un plazo muy breve porque no hay bienes que liquidar. En el extremo largo están los concursos con actividad en marcha, impugnaciones de la lista de acreedores y sección de calificación abierta, que se miden en años. Cuando aceptamos un asunto te damos una estimación por escrito con las fases previstas; lo que no vamos a darte es un número redondo que suene bien y luego no se cumpla.

Sí. La declaración de concurso no cierra la empresa ni interrumpe la actividad: la regla general es que el negocio continúa, precisamente porque una empresa en funcionamiento vale más que una empresa parada, tanto para los acreedores como para el empleo.

Lo que cambia es el régimen de decisión, y depende de quién haya pedido el concurso. Si lo solicita el propio deudor —concurso voluntario—, la regla general es que el administrador conserva las facultades de administración y disposición, sometido a la intervención de la administración concursal, que autoriza o deniega. Si lo solicita un acreedor —concurso necesario—, la regla general es la contraria: el deudor queda sustituido y es la administración concursal la que administra y dispone. En ambos casos el juez puede acordar motivadamente el régimen inverso. Además, determinadas operaciones —enajenar activos afectos, asumir compromisos relevantes, resolver contratos— necesitan autorización judicial. Es una razón más para llegar el primero: no es lo mismo entrar en concurso por iniciativa propia que a instancia de un acreedor.

Es el concurso de un deudor que carece de bienes y derechos legalmente embargables, o cuyo coste de realización sería manifiestamente desproporcionado respecto de lo que se obtendría por ellos. Al no haber nada que liquidar, el procedimiento se simplifica al máximo y el juzgado puede declararlo y concluirlo sin nombrar administración concursal.

Tiene una pieza clave que conviene conocer: publicada la declaración, los acreedores que representen al menos el cinco por ciento del pasivo disponen de quince días para pedir el nombramiento de un administrador concursal que emita un informe razonado sobre si existen actos rescindibles, indicios de concurso culpable o responsabilidad de los administradores. Que el concurso no tenga masa no significa, por tanto, que nadie vaya a mirar cómo se llegó hasta ahí.

Siguen vivos. El aval es un contrato distinto, con el avalista como obligado propio, y el concurso de la sociedad no lo extingue: el acreedor puede reclamártelo aunque su crédito se esté tratando dentro del procedimiento de la empresa. Ni la quita pactada en un convenio ni la conclusión del concurso liberan por sí solas al garante.

De ahí que quien ha avalado tenga dos frentes y no uno, y que convenga separarlos desde el principio. El de la sociedad se juega en el concurso. El personal se juega en tu patrimonio y admite otras salidas: negociar con el acreedor garantizado el tratamiento de la garantía, discutir lo que se reclame por encima de lo debido y, cuando la reclamación es inevitable y el avalista es persona física, el procedimiento de exoneración del pasivo insatisfecho, que libera las deudas exonerables con excepciones legales relevantes, señaladamente en el crédito público. Los avales firmados son el primer documento que pedimos, y casi nunca el primero que se enseña.